Fundamentos Económicos:
A través del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) nro. 2010/2009 del 14/12/09, el gobierno nacional creó el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad. El fondo se integraría con 6.569 millones de dólares que el Banco Central debe transferir al Tesoro de las reservas de “libre disponibilidad”: 2.187 millones de dólares correspondientes a vencimientos con Organismos Multilaterales y 4.382 millones correspondientes a vencimientos con tenedores privados. A cambio, el Tesoro Nacional entregaría al Banco Central, como contraprestación, una Letra a 10 años que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA.
Preguntas:
1- ¿Con qué objeto se tomó la medida?
Luego de la crisis internacional más grave desde 1929, el repunte económico llevó a que en los mercados internacionales exista un exceso de liquidez que posibilita la disminución de las tasas por las cuales los tomadores se endeudan. El gobierno busca, a través de la constitución de este fondo, garantizar que existen los recursos para solventar los vencimientos independientemente de la marcha de la economía durante el 2010. De esta forma, el propio gobierno y a las empresas privadas podrán acceder al mercado de capitales a una tasa Libor (London Interbanking Offered Rate), tasa intercambiaria londinense, mínima.
2- ¿Qué son las reservas de “libre disponibilidad”?
A través del Decreto 1599/05, el por entonces gobierno de Néstor Kirchner dispuso que las reservas que excedan a la base monetaria circulante más los depósitos en entidades financieras, sean de “libre disponibilidad” para ser afectadas al pago de la deuda contraída con organismos internacionales. Dicho Decreto fue ratificado por la ley 26.076, y el Decreto 1601 dispuso de esta forma el pago con reservas del Banco Central, de la deuda con el FMI.
3- ¿Cuáles son las funciones de las reservas del BCRA?
Las reservas del BCRA son un respaldo que garantiza estabilidad económica. Su principal función del año 2003 a la fecha ha sido posibilitar la administración de un tipo de cambio de equilibrio para que el dólar se mantenga a un precio competitivo para la industria nacional (evitando así la importación y la desnacionalización de la economía). De este modo se esfuma el peligro de las corridas bancarias toda vez que cuando sube la demanda de dólares, el BCRA ofrece a la venta sus reservas, estabilizando el precio del dólar que se guía a través de la “ley de la oferta y la demanda”.
4- ¿En qué nivel se encuentran las reservas?
A fines del 2009 las reservas se encontraban en 47.539 millones de dólares. Cuando asumió el gobierno en el año 2003 se encontraban en 8.245 millones de dólares. Durante el gobierno de De la Rúa, las reservas llegaron a ascender a 37.380 millones de dólares, pero esa suma se alcanzó a través del llamado “Blindaje”, es decir, a través de un proceso de endeudamiento y no de un superávit comercial y fiscal producto del buen funcionamiento de la economía argentina. En sólo un año el gobierno de De la Rúa esfumó 30.000 millones de dólares produciéndose la crisis del 2001. El hoy “protector” de las reservas Gerardo Morales, era por entonces viceministro de desarrollo social del gobierno que nos llevó a la crisis.
5- ¿No peligra la estabilidad económica con la disminución de las reservas por el pago de deuda?
Cuando en el 2005 se pagó con reservas al FMI, las mismas bajaron de 28.045 millones de dólares a 18.500 millones de dólares. No sólo no peligró la estabilidad económica sino que a través del superávit fiscal y comercial, se logró que las reservas alcancen los 47.539 millones de dólares.
6- ¿Por qué el gobierno llama a esto “política de desendeudamiento”?
Endeudamiento durante la dictadura militar:
Antes del golpe de 1976, la deuda externa ascendía a 7.800 millones de dólares. La última dictadura militar utilizó diferentes modos para contraer la deuda ilegítima. Por un lado se obligó a endeudarse a las empresas públicas en dólares con entidades financieras extranjeras, a fin de que esas divisas, en lugar de ser aplicadas a las necesidades financieras en moneda extranjera –compra de insumos- sean retenidas por el Banco Central que les entregaba moneda argentina a las empresas. Así, el gobierno militar mantuvo la ficción de poseer hacia 1979/80 más de 10.000 millones de dólares en reservas que figuraban como activo en lugar de lo que realmente eran, un pasivo. Las empresas públicas eran llevadas a un estado de insolvencia ficticia para su desmantelamiento. Los casos más resonantes fueron los de YPF, ELMA, ENCOTel, Fabricaciones Militares, y Ferrocarriles Argentinos, Agua y Energía Eléctrica, etcétera. Asimismo, las empresas privadas.
La apertura económica no sólo implicó el endeudamiento de las empresas públicas, sino también el endeudamiento de las empresas privadas. Entre las empresas más importantes que aumentaron significativamente su endeudamiento se encuentran: Acindar, Papel de Tucumán, Austral, Interama, Autopistas Urbanas, Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray, y Cementros Noa. En el juicio de la deuda externa iniciado por Alejandro Olmos se ha acreditado que el 84% de la deuda contraída por empresas privadas fue de naturaleza financiera con fines especulativos. Hacia 1981, la Reserva Federal de los EE.UU (vendría a ser su Banco Central), decidió la suba de la tasa de interés del 5.6% al 16.8% lo que importó el comienzo del sometimiento de los países latinoamericanos para el pago de sus deudas externas.
Endeudamiento durante los 80 y los 90:
A la salida de la dictadura militar, la deuda externa ascendía a 45.000 millones de dólares. El gobierno de Alfonsín sólo apostó a canjear deuda en condiciones que permitían su progresivo aumento. Hacia 1989 la deuda alcanzó los 65.000 millones de dólares. Durante el menemismo la deuda externa se incrementó a 146.000 millones de dólares. La deuda contraída durante los años 90 estaba dirigida a sostener la convertibilidad, es decir, la paridad cambiaria entre el peso y el dólar. Durante el breve gobierno de De la Rúa la deuda escaló los 180.000 millones de dólares.
Política de Desendeudamiento durante el kirchnerismo:
En febrero de 2005, el gobierno llevó adelante la reestructuración de la deuda externa declarada en default por Rodríguez Saá en el 2001, consiguiendo una quita del 75% sobre 81.800 millones de dólares, la quita más grande que se haya logrado en la historia argentina. A junio del 2008, la deuda bruta externa asciende a 128.685 millones de dólares:
http://www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales/otros_trabajos_deuda.htm
Para analizar la política de desendeudamiento que quebró el progresivo aumento desde 1976 en adelante, debe analizarse la relación entre el PBI y la Deuda. Hacia el año 2002 la deuda externa significaba el 150% del PBI. A la actualidad la ratio deuda/PBI ha bajado al 45%: http://www.casarosada.gov.ar/index.php?Itemid=54&id=40&option=com_content&task=view
El gran error en la reestructuración de la deuda fue haber emitido bonos que pagaran una tasa de interés ajustable por CER (un coeficiente que surge de la tasa de inflación). Según este mecanismo, por cada punto de inflación que el INDEC reconozca la deuda crece alrededor de 600 millones de dólares. Algunos de estos bonos fueron canjeados el año pasado por otros atados al crecimiento del PBI, intentando salvar el error. Es esto lo que explica la presión mediática para que el INDEC reconozca un nivel de inflación mayor, los intereses corporativos de algunos bonistas. Desde 2007 a 2009 los bonistas han dejado de ganar 71.330 millones de pesos que hubieramos pagado el conjunto del pueblo argentino: http://www.cronista.com/notas/196087-los-inversores-pierden-$-71330-millones-la-manipulacion-oficial-la-inflacion
Ahora bien, luego de estar alejado del mercado de capitales desde la reestructuración, el gobierno planea acceder al mismo a tasas menores, cancelando los vencimientos de la deuda heredada de forma anticipada.
7- ¿Por qué el establishment financiero se opone a una medida a priori, de corte ortodoxa?
En el presupuesto votado para el 2010, ya figuran las partidas presupuestarias para atender el pago de los vencimientos del 2010. Si se logran pagar los vencimientos con los excedentes de las reservas, 6.500 millones de dólares quedarían liberados para incrementar el gasto público durante el transcurso del año.
El gasto público se encuentra actualmente en el máximo histórico. Esto apunta a financiar obra pública, llevar adelante políticas sociales como la asignación universal por hijo, sostener el empleo, y en fin, volcar los recursos paralizados a la economía real. Los gurúes de la city porteña ven en esto el gérmen de la inflación, y hacen lobby para bajar el gasto público y paralizar el aumento de salarios a través de la discusión en paritarias. En toda economía en expansión, se produce una puja redistributiva. El mayor poder adquisitivo de la población sube la demanda de bienes, y el empresariado ante esto o sube la productividad o aumenta los precios para avanzar en el reparto de la torta. La solución ortodoxa importa congelar salarios y bajar el gasto público para que la demanda disminuya. Una solución triste que produce desempleo y recesión. Por el contrario, el gobierno apunta a incrementar el poder adquisitivo de las clases populares e intentar controlar los precios a través de los acuerdos de precios, que en muchos casos fracasa.
8- ¿Cuál es la estrategia de la oposición?
En un año en el cual hasta los economistas más acerrimos al gobierno admiten que la economía crecerá, la oposición busca que el gobierno realice el ajuste que ellos mismos quieren realizar si logran ganar las presidenciales en el 2011. Luego de 7 años en los cuales no ha existido ajuste económico alguno, y más allá de la imagen negativa del gobierno en vastos sectores sociales, dificilmente un gobierno podrá ajustar salarios, haberes jubilatorios, gasto público, etcétera, sin producir una resistencia de magnitud imprevisible en la sociedad.
Ante este hecho es capaz de llevar al país a endeudarse a tasas mayores, o a intentar limitar a toda costa que la economía crezca más de lo que ya va a crecer si esas suman se vuelcan en políticas sociales, todo bajo el manto de la defensa de una institucionalidad fingida e hipócrita: La férrea defensa, a través de sendos amparos judiciales en los cuales Proyecto Sur y el Pro podrían unificar querellas para dividir las costas, del principio liberal de la independencia del Banco Central del Poder Ejecutivo.
En el próximo post: La judicialización de la política y una explicación jurídica de lo que está sucediendo.
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