viernes, 29 de octubre de 2010

A los compañeros...



A los compañeros, unas palabras:


Hemos perdido a un luchador popular miserablemente traicionado. ¿Pero traicionado no fue Güemes y sus milicias en el norte? ¿Traicionado no fue San Martín por la oligarquía portuaria que lo pretendía a él y a su Ejército de Los Andes para combatir a los caudillos federales? ¿Traicionado no fue Artigas para luego ser desterrado al Paraguay? ¿Traicionado no fue Rosas para ser históricamente sepultado en un subsuelo que demoró casi un siglo en volver a sublevarse? ¿Traicionado no fue el General Perón el 16 de septiembre de 1955 por una Armada con municiones suministradas por la flota británica? La traición es parte natural y muchas veces imprevisible en la política pero ante todo resulta intrascendente a los ojos de la historia. Por eso en lugar de ella deberíamos ocuparnos en lo que realmente importa para seguir transformando a la Argentina, en nosotros. ¿Dónde y cuándo se consolida el sujeto colectivo kirchnerista que desde hace 7 años muchos compañeros vienen construyendo? El repiquetear estridente de las cacerolas que “un martes de marzo” bajó desde los balcones de la vieja Gran Aldea nos brindó el preámbulo de una comedia -porque en el siglo XIX fue tragedia- que nos vino a recordar que Caseros y Pavón son aún el drama irresoluto de la vida nacional. Juntos comprendimos que el “conflicto del campo” no era el conflicto del “campo” sino el gran dilema que los argentinos debemos resolver y que tiene por opuestos a dos modelos económicos y culturales dicotómicos que en 200 años no ha encontrado una superación dialéctica a favor de los intereses populares. “Diálogo” y “Consenso” nos dicen los liberales. ¿Puede consensuarse el cínico sabor del champagne de la desgracia con las inmensas columnas de convicción humana que hace dos días marchan para llorar a El Hombre que No Estuvo Solo y que No Esperó? ¿Y acaso queremos seguir dialogando con el Fin de la Historia si nuestra pretensión es Refundarla? No compañeros, no murió Néstor Kirchner. Lo que ha perecido son los 90 pero su cadáver está tibio. Enterrar el neoliberalismo es nuestra función histórica. Desde el año 2003 el filo del sable que San Martín le legara a Rosas se mostró incólume. Corta, y corta profundo. En 7 años ese sable ha desentrañado a la antipatria desandando paciente pero intensamente la colonización pedagógica que nos ha convertido en objetos de mercado en lugar de sujetos colectivos que se realizan en comunidad. Esta historia tiene un protagonista que formó parte de una generación que quiso tomar el cielo por asalto y fue embaucada por el infierno más sombrío. Militante por antonomasia, se recuperó y construyó el poder necesario para llevar adelante -en gran parte- las transformaciones sociales que el pueblo anhelaba. Es la historia de un protagonista que como El Facundo aún sigue de pie para finalizar la revolución nacional inconclusa. Pero esta narración histórica también nos tiene como protagonistas a nosotros, que somos él, convertidos en cientos, miles, millones como Evita quería. Con nuestras identidades y nuevos significantes vamos construyendo la continuación de una historia que nos apasiona hasta lo más íntimo de nuestras entrañas. Yo no se ustedes pero entre lágrimas he logrado sonreír cuando me enteré que las acciones en Wall Street, luego del hecho que nos conmovió a los argentinos y como causa de éste, “fueron a la alza” el miércoles 27 de octubre de 2010. Fue casi una señal socarrona desde el cielo: “Ahí está muchachos, el enemigo no duda ni un minuto en avanzar. No duden ustedes tampoco”. Nosotros luchamos por esta patria. Ellos por su capital.

Martín Gianella. La Cámpora.

http://laparteinertedelarte.blogspot.com/

martes, 6 de julio de 2010

Volveremos volveremos...


De izquierda a derecha: Labruna, De la Mata, Martino y Méndez. 22 de Febrero de 1946


...Volveremos otra vez... a tener pobreza 0.... como en el 46!

Acá abajo pueden hacer click a un informe del CONICET sobre la asignación universal por hijo. Es categórico, imperdible, y de lectura obligatoria para entender dónde estamos parados en la Argentina de cara a un crucial 2011.


Con la AUH, los indicadores de indigencia se reducen entre un 55 y un 70%, retornando así a los mejores niveles de la historia argentina (los de 1974, resultado que se alcanza cualquiera sea el índice de precios utilizados para establecer el valor de la canasta de subsistencia); 3) Luego de la AUH, el indicador más arquetípico de desigualdad (cuántas veces ganan los ricos más que los pobres) se reduce más del 30%, llevando a que la Argentina sea ahora el país más igualitario de América Latina (ranking otrora comandado por Uruguay, Venezuela y Rep. Dominicana)

http://www.ceil-piette.gov.ar/docpub/documentos/AUH_en_Argentina.pdf

lunes, 3 de mayo de 2010

Se crisparon los Martín Fierro.



Para terminar de entender qué nos está diciendo Eduardo Aliverti...

Sí, habría que tener un poco más de respeto por las palabras. Por algunas de ellas, mejor dicho. Y mejor todavía, por lo que connotan. Estamos en democracia, para empezar por una perogrullada que, sin embargo, alguna gente parece perder de vista con extrema facilidad. Buena, mala, perfeccionada, empeorada, carente de demasiados derechos básicos, avanzando en otros. Pero estamos en democracia...

Click... AQUÍ

lunes, 22 de febrero de 2010

Análisis Jurídico sobre el Fondo del Bicentenario




Existen numerosos ejemplos para desmitificar la pretensión de objetividad e imparcialidad que supuestamente debieran ser caracteres inherentes al Derecho entendido como ciencia positiva. Desde las aulas de las universidades públicas y privadas los estudiantes de abogacía aprenden (o mal aprenden) que la política y el Derecho son escindibles en categorías distintas que no convergen y que por lo tanto no deben mezclarse, negando así la realidad de que el verdadero sentido de un ordenamiento jurídico responde al resultado de un conflicto de intereses permanente resuelto por la política.

Un ejemplo quizás burdo para ejemplificar la cuestión es la siguiente: En 1905 la entonces popular Unión Cívica Radical intentó una revolución armada para conquistar el poder y conseguir la verdadera democratización del Estado argentino a través de las elecciones libres con voto secreto y obligatorio. El presidente por aquél entonces era el Dr. Manuel Quintana, recibido en nuestra querida Universidad de Buenos Aires. Quintana, liberal mitrista y antipopular, había sido asesor legal del Banco de Londres, lugar desde donde defendía los intereses británicos por sobre los argentinos llegándole a proponer a Gran Bretaña el bombardeo de la ciudad de Rosario en 1876 cuando el gobierno provincial obligó al Banco a convertir en oro todas las emisiones de papel moneda realizadas por el ejecutivo.

Esa madrugada del 4 de febrero de 1905, el jefe de caballería de la escolta interrumpe el sueño presidencial para exclamar: “Excelencia, acaba de estallar la revolución”; se trataba de un joven llamado José Félix Uriburu. El Vicepresidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, fue tomado rehén por los radicales conducidos por Hipólito Yrygoyen. Finalmente la revolución fue duramente reprimida y derrotada.

El 6 de septiembre de 1930, Hipólito Yrigoyen, ya en el poder, sufrió un golpe de estado por el ejército alentado principalmente por la Sociedad Rural. El golpe lo comandó un tal José Félix Uriburu quien entonces asumió la presidencia.

Ante tal situación, la justicia argentina debía dar un veredicto con respecto a la situación imperante, ya que amén de los fraudes electorales hasta 1916, la Constitución Nacional no había sido tan abiertamente socavada hasta el momento. Fue entonces cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una Acordada legitimando el golpe de estado y asegurando que si el gobierno de facto “desconociere las garantías individuales o las de la propiedad u otras de las aseguradas por la Constitución, la Administración de Justicia encargada de hacer cumplir ésta las restablecería en las mismas condiciones y con el mismo alcance que lo hubiera hecho el Poder Ejecutivo de derecho”.

El Presidente de la CSJN que firmó dicha Acordada en 1930 no era otro que sino José Figueroa Alcorta. No se busca tratarse el tema como un revanchismo personal por parte de Figueroa Alcorta 25 años después de los sucesos de 1905. En todo caso Quintana y Figueroa Alcorta representaban intereses distintos a los que representaba Yrigoyen. Lo que busca mostrarse es que en todo conflicto que se muestra a la sociedad como un conflicto técnico jurídico, esconde batallas políticas de trascendencia social que buscan legitimarse con el manto de un institucionalismo vacuo.

Y aquí llegamos al eje de la cuestión, cuando las políticas públicas son afines a los intereses de corporaciones económicas y jurídicas conservadoras, no surge un republicanismo legalista que denuncie que una Acordada no puede legitimar un golpe de estado, que un mero decreto no puede derogar la Constitución Nacional de 1949, indultar delitos de Lesa Humanidad ocurridos durante el Terrorismo de Estado, o privatizar empresas públicas como se hizo en los 90.
Ahora bien, cuando a través de las políticas públicas se busca incrementar el bienestar social afectando intereses particulares aparece aquél republicanismo legalista que decidió callar antes para gritar a los cuatro vientos que cualquier medida destinada a aumentar el gasto social, distribuir riquezas, o consolidar la libertad de expresión dándoles voz a los que no la tienen, es “inconstitucional” con fundamentos ridículos y un tecnicismo pormenorizado jamás visto antes.
Es en este marco que debe analizarse lo que se denomina “judicialización de la política” porque de lo contrario sería imposible comprender el desfile de “constitucionalistas” que pasean por televisión para recitar argumentos que un estudiante de abogacía de primer año podría fácilmente contrarrestar con las más elementales armas jurídicas.

La fuente primogénita de los llamados Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) es de carácter pretroriano. En efecto, fue la CSJN quién avaló que el Poder Ejecutivo pueda tomar algunas medidas de carácter legislativo para casos concretos. El primer fallo en este sentido data de 1919. Luego de la primera guerra mundial un aluvión inmigratorio vio en la Argentina un lugar de refugio para la reconstrucción de sus vidas. Ante el desproporcionado aumento de la demanda de viviendas que esto produjo, el gobierno de Yrigoyen dispuso el congelamiento de los precios de alquileres que se estaban yendo por las nubes. Los locadores acudieron a la justicia por la presunta violación del “derecho de propiedad”, argumentando asimismo, que el Poder Ejecutivo no tenía facultad para reglamentar derechos contenidos en la parte orgánica de la Constitución Nacional. La CSJN falló en ese entonces, que si bien era cierto que debía tratarse dicha problemática en el Congreso de la Nación, existía un “interés general” por encima de los derechos individuales presuntamente afectados, que justificaban el decreto presidencial, pues de lo contrario miles de personas quedarían sin casa y se verían afectados otros derechos que también se encuentran garantizados por la Constitución.

En el caso Peralta, Luis y otros c/ Estado Nacional de 1990, la CSJN falló que los Decretos de Necesidad y Urgencia debían comunicarse al Poder Legislativo y que ante el silencio del Congreso, esto implicaba una aprobación tácita. Cabe destacar que el amparo se realizaba contra un Decreto que convertía a los ahorros depositados de los afectados en bonos externos (Plan Bonex)

En la causa Verrochi Enzio c/ Administración Nacional de Aduanas del año 1999, la CSJN declaró inconstitucional dos Decretos del Poder Ejecutivo que ponían el tope de 1.000 pesos para el cobro de asignaciones familiares. La CSJN consideró que el PEN estaba tomando atribuciones legislativas y que al no haber sido sancionada la ley que reclamaba el art. 99 inc 3º de la CN no se podía recurrir a dichos Decretos de Necesidad y Urgencia. Asimismo se afirmó que la omisión de pronunciamiento del Congreso equivalía al rechazo de los decretos y no a su aprobación. Esto guarda sentido con el Art. 82 de la CN en cuanto dispone que las Cámaras no aprueban leyes de forma tácita.

A partir de la reforma constitucional de 1994, los DNU pasaron a estar previstos en nuestra Carta Magna. A su respecto, los DNU son considerados una atribución constitucional a cargo del Poder Ejecutivo Nacional que se encuentra contemplada en el Art. 99 inc. 3 de la Carta Magna: El PEN “participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicamental Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras (…) Acto seguido, la norma constitucional dispone que “Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”. Dicha ley no fue sancionada ni por el gobierno de Menem ni por el gobierno de De la Rúa con la clara intencionalidad de no encontrar un límite legislativo a las políticas privatizadoras de los 90.

Fue durante el gobierno de Kirchner que se cumplió con el requerimiento constitucional de limitar esta atribución presidencial. El 20 de julio de 2006 se sancionó la ley 26.122 que tiene por objeto regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos de necesidad y urgencia, los decretos por delegación legislativa, y los decretos de promulgación parcial de leyes.

Como dispone el artículo 3 de la ley 26.122, la Comisión Bicameral Permanente está integrada por 8 diputados y 8 senadores, designados por el Presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas. La Comisión Bicameral Permanente, que posee un plazo de 10 días hábiles para hacerlo, se expide acerca de la validez del decreto y eleva un dictamen al plenario de cada Cámara.
El Artículo 24 dispone que el rechazo de ambas Cámaras del Congreso del decreto implica su derogación. Esto significa que bastará con que una de las Cámaras (de diputados o de senadores) no derogue el decreto para que el mismo quede ratificado por el Poder Legislativo. Es importante dejar en claro que el artículo 17 de la ley establece que los decretos dictados por el Poder Ejecutivo en base a las atribuciones conferidas por los artículos 76, 99 inc 3, y 80 de la Constitución Nacional, tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil. Esto significa que hasta que el Congreso no se expida el DNU debe ser considerado como una ley y tiene plena vigencia.

Sería irracional que la justicia pudiera impedir que el decreto-ley cree los efectos jurídicos para el cual fue creado en tanto y en cuanto el Congreso no realice el control, dado que la justificación de su existencia radica en las “circunstancias excepciones que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos”. No obstante ello, nada impide que la justicia realice el control de constitucionalidad de carácter difuso que le compete si un decreto viola derechos constitucionales.

En el caso del FONBI (Fondo del Bicentenario), no existe un decreto que viole derechos individuales de ningún tipo (como sí vimos que ocurriera en los “leading case” Peralta y Verrochi) sino un acto soberano dirigido a administrar los fondos públicos. Se trata de un acto de administración estatal no justiciable pese a la pretensión de constitucionalistas y jueces comprometidos con la ideología neo-liberal (Cassagne, Zarini, Dromi, etcétera) de que todo acto del ejecutivo sea analizado por la siempre conservadora corporación judicial. Claro que el Dr. Dromi -como funcionario menemista- jamás impugnó los decretos que privatizaban empresas, ya que él mismo fue su brazo impulsor. He ahí el gran engaño. Cable aclarar que por imperio del Art. 99 inc. 1 el Presidente de la Nación es el “responsable político de la administración general del país”. No obstante ello, el Art. 75 inc. 7 dispone que es al Congreso al que le corresponde “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.

Así las cosas, el Poder Ejecutivo ha realizado un acto de excepción que por regla general le corresponde al Poder Legislativo a través de la atribución que le otorga el Art. 99 inc. 3º de la Constitución Nacional. Resta que sea el Congreso quien -a través de los mecanismos legales- disponga si dicho decreto se deroga o se ratifica, analizando si la situación de excepción justifica el medio de sanción normativa. Consideramos que la intervención judicial en temas de administración pública dictando medidas cautelares que suspenden los efectos de actos legislativos como está sucediendo hasta el momento con la jueza Sarmiento y la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, importan una intervención judicial en el poder ejecutivo y legislativo violándose así, la consagrada división de poderes que la forma republicana de gobierno sostiene a través de nuestra Carta Fundamental.

Acerca del mérito, oportunidad o conveniencia del Fondo del Bicentenario ya hemos hecho un análisis y sentado nuestra posición al respecto con la mayor honestidad intelectual posible. Lejos de un positivismo jurídico abstracto, nuestra posición es de proteger toda acción pública destinada a aumentar la justicia donde abunda la injusticia a través de los mecanismos legales necesarios, pero entendiendo que el ordenamiento jurídico es un medio absolutamente necesario pero nunca un fin en sí mismo ya que toda interpretación jurídica tiene consecuencias concretas en la realidad social. En este segundo informe hemos analizado jurídicamente el FONBI, fundamentado que el mismo de ningún modo es inconstitucional, siendo el Parlamento quien finalmente deba decidir acerca de la validez o el rechazo del Decreto 2010/09.

martes, 26 de enero de 2010

En 2009 subió la exportación de carne en un 57%


Ambito Financiero es el diario intelectualmente más honesto de la Argentina. En el día de la fecha informó lo siguiente:
Carne: se exportó un 57% más. La Argentina exportó el año pasado 419.335 toneladas de carne vacuna, lo que representó un aumento del 57.47% frente a los envíos de 2008, según un comunicado del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
¿Y? ¿No ibamos a tener que importar carne? ¡Qué lástima! Ahora que conozco la provoletera uruguaya (alto invento) me hubiese gustado probar la colita de cuadril oriental.

martes, 19 de enero de 2010

The Fucklands are aryentains.


The britanic canciller, Chris Bryant, gived a note to the argentine embajadour in london, critiquing the law sancionaitid last year that definits the limits of "land of fire" incluying the malvains lands.

A todo esto, el diario británico "The Guardian" citó un estudio que afirma que la zona de Malvinas contendría alrededor de 18.000 millones de barriles de petróleo.

El precio del barril de petróleo ronda los 80 dólares actualmente.

Como si fuera poco, se filtró información acerca de un operativo que actualmente estaría organizando la Juventud Peronista para secuestrar un avión y aterrizar en Malvinas con el fin de reclamar la soberanía de las tierras.

Anyway, Chris Bryant go and fuck yourself.

Los Kirchner nacionalizarían la ITT.


En una típica expresión anacrónica del populismo del siglo XXI, la dinastía rosista de los Kirchner analiza avanzar sobre el pulpo norteamericano que monopoliza las telecomunicaciones del Plata.
LPIDA así lo desea.

martes, 12 de enero de 2010

Analizando el Fondo del Bicentenario (Parte 1)


Fundamentos Económicos
:

A través del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) nro. 2010/2009 del 14/12/09, el gobierno nacional creó el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad. El fondo se integraría con 6.569 millones de dólares que el Banco Central debe transferir al Tesoro de las reservas de “libre disponibilidad”: 2.187 millones de dólares correspondientes a vencimientos con Organismos Multilaterales y 4.382 millones correspondientes a vencimientos con tenedores privados. A cambio, el Tesoro Nacional entregaría al Banco Central, como contraprestación, una Letra a 10 años que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA.

Preguntas:

1- ¿Con qué objeto se tomó la medida?
Luego de la crisis internacional más grave desde 1929, el repunte económico llevó a que en los mercados internacionales exista un exceso de liquidez que posibilita la disminución de las tasas por las cuales los tomadores se endeudan. El gobierno busca, a través de la constitución de este fondo, garantizar que existen los recursos para solventar los vencimientos independientemente de la marcha de la economía durante el 2010. De esta forma, el propio gobierno y a las empresas privadas podrán acceder al mercado de capitales a una tasa Libor (London Interbanking Offered Rate), tasa intercambiaria londinense, mínima.

2- ¿Qué son las reservas de “libre disponibilidad”?
A través del Decreto 1599/05, el por entonces gobierno de Néstor Kirchner dispuso que las reservas que excedan a la base monetaria circulante más los depósitos en entidades financieras, sean de “libre disponibilidad” para ser afectadas al pago de la deuda contraída con organismos internacionales. Dicho Decreto fue ratificado por la ley 26.076, y el Decreto 1601 dispuso de esta forma el pago con reservas del Banco Central, de la deuda con el FMI.

3- ¿Cuáles son las funciones de las reservas del BCRA?
Las reservas del BCRA son un respaldo que garantiza estabilidad económica. Su principal función del año 2003 a la fecha ha sido posibilitar la administración de un tipo de cambio de equilibrio para que el dólar se mantenga a un precio competitivo para la industria nacional (evitando así la importación y la desnacionalización de la economía). De este modo se esfuma el peligro de las corridas bancarias toda vez que cuando sube la demanda de dólares, el BCRA ofrece a la venta sus reservas, estabilizando el precio del dólar que se guía a través de la “ley de la oferta y la demanda”.

4- ¿En qué nivel se encuentran las reservas?
A fines del 2009 las reservas se encontraban en 47.539 millones de dólares. Cuando asumió el gobierno en el año 2003 se encontraban en 8.245 millones de dólares. Durante el gobierno de De la Rúa, las reservas llegaron a ascender a 37.380 millones de dólares, pero esa suma se alcanzó a través del llamado “Blindaje”, es decir, a través de un proceso de endeudamiento y no de un superávit comercial y fiscal producto del buen funcionamiento de la economía argentina. En sólo un año el gobierno de De la Rúa esfumó 30.000 millones de dólares produciéndose la crisis del 2001. El hoy “protector” de las reservas Gerardo Morales, era por entonces viceministro de desarrollo social del gobierno que nos llevó a la crisis.

5- ¿No peligra la estabilidad económica con la disminución de las reservas por el pago de deuda?
Cuando en el 2005 se pagó con reservas al FMI, las mismas bajaron de 28.045 millones de dólares a 18.500 millones de dólares. No sólo no peligró la estabilidad económica sino que a través del superávit fiscal y comercial, se logró que las reservas alcancen los 47.539 millones de dólares.

6- ¿Por qué el gobierno llama a esto “política de desendeudamiento”?

Endeudamiento durante la dictadura militar:


Antes del golpe de 1976, la deuda externa ascendía a 7.800 millones de dólares. La última dictadura militar utilizó diferentes modos para contraer la deuda ilegítima. Por un lado se obligó a endeudarse a las empresas públicas en dólares con entidades financieras extranjeras, a fin de que esas divisas, en lugar de ser aplicadas a las necesidades financieras en moneda extranjera –compra de insumos- sean retenidas por el Banco Central que les entregaba moneda argentina a las empresas. Así, el gobierno militar mantuvo la ficción de poseer hacia 1979/80 más de 10.000 millones de dólares en reservas que figuraban como activo en lugar de lo que realmente eran, un pasivo. Las empresas públicas eran llevadas a un estado de insolvencia ficticia para su desmantelamiento. Los casos más resonantes fueron los de YPF, ELMA, ENCOTel, Fabricaciones Militares, y Ferrocarriles Argentinos, Agua y Energía Eléctrica, etcétera. Asimismo, las empresas privadas.

La apertura económica no sólo implicó el endeudamiento de las empresas públicas, sino también el endeudamiento de las empresas privadas. Entre las empresas más importantes que aumentaron significativamente su endeudamiento se encuentran: Acindar, Papel de Tucumán, Austral, Interama, Autopistas Urbanas, Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray, y Cementros Noa. En el juicio de la deuda externa iniciado por Alejandro Olmos se ha acreditado que el 84% de la deuda contraída por empresas privadas fue de naturaleza financiera con fines especulativos. Hacia 1981, la Reserva Federal de los EE.UU (vendría a ser su Banco Central), decidió la suba de la tasa de interés del 5.6% al 16.8% lo que importó el comienzo del sometimiento de los países latinoamericanos para el pago de sus deudas externas.

Endeudamiento durante los 80 y los 90:

A la salida de la dictadura militar, la deuda externa ascendía a 45.000 millones de dólares. El gobierno de Alfonsín sólo apostó a canjear deuda en condiciones que permitían su progresivo aumento. Hacia 1989 la deuda alcanzó los 65.000 millones de dólares. Durante el menemismo la deuda externa se incrementó a 146.000 millones de dólares. La deuda contraída durante los años 90 estaba dirigida a sostener la convertibilidad, es decir, la paridad cambiaria entre el peso y el dólar. Durante el breve gobierno de De la Rúa la deuda escaló los 180.000 millones de dólares.

Política de Desendeudamiento durante el kirchnerismo:

En febrero de 2005, el gobierno llevó adelante la reestructuración de la deuda externa declarada en default por Rodríguez Saá en el 2001, consiguiendo una quita del 75% sobre 81.800 millones de dólares, la quita más grande que se haya logrado en la historia argentina. A junio del 2008, la deuda bruta externa asciende a 128.685 millones de dólares:
http://www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales/otros_trabajos_deuda.htm



Para analizar la política de desendeudamiento que quebró el progresivo aumento desde 1976 en adelante, debe analizarse la relación entre el PBI y la Deuda. Hacia el año 2002 la deuda externa significaba el 150% del PBI. A la actualidad la ratio deuda/PBI ha bajado al 45%: http://www.casarosada.gov.ar/index.php?Itemid=54&id=40&option=com_content&task=view


El gran error en la reestructuración de la deuda fue haber emitido bonos que pagaran una tasa de interés ajustable por CER (un coeficiente que surge de la tasa de inflación). Según este mecanismo, por cada punto de inflación que el INDEC reconozca la deuda crece alrededor de 600 millones de dólares. Algunos de estos bonos fueron canjeados el año pasado por otros atados al crecimiento del PBI, intentando salvar el error. Es esto lo que explica la presión mediática para que el INDEC reconozca un nivel de inflación mayor, los intereses corporativos de algunos bonistas. Desde 2007 a 2009 los bonistas han dejado de ganar 71.330 millones de pesos que hubieramos pagado el conjunto del pueblo argentino: http://www.cronista.com/notas/196087-los-inversores-pierden-$-71330-millones-la-manipulacion-oficial-la-inflacion

Ahora bien, luego de estar alejado del mercado de capitales desde la reestructuración, el gobierno planea acceder al mismo a tasas menores, cancelando los vencimientos de la deuda heredada de forma anticipada.

7- ¿Por qué el establishment financiero se opone a una medida a priori, de corte ortodoxa?

En el presupuesto votado para el 2010, ya figuran las partidas presupuestarias para atender el pago de los vencimientos del 2010. Si se logran pagar los vencimientos con los excedentes de las reservas, 6.500 millones de dólares quedarían liberados para incrementar el gasto público durante el transcurso del año.
El gasto público se encuentra actualmente en el máximo histórico. Esto apunta a financiar obra pública, llevar adelante políticas sociales como la asignación universal por hijo, sostener el empleo, y en fin, volcar los recursos paralizados a la economía real. Los gurúes de la city porteña ven en esto el gérmen de la inflación, y hacen lobby para bajar el gasto público y paralizar el aumento de salarios a través de la discusión en paritarias. En toda economía en expansión, se produce una puja redistributiva. El mayor poder adquisitivo de la población sube la demanda de bienes, y el empresariado ante esto o sube la productividad o aumenta los precios para avanzar en el reparto de la torta. La solución ortodoxa importa congelar salarios y bajar el gasto público para que la demanda disminuya. Una solución triste que produce desempleo y recesión. Por el contrario, el gobierno apunta a incrementar el poder adquisitivo de las clases populares e intentar controlar los precios a través de los acuerdos de precios, que en muchos casos fracasa.

8- ¿Cuál es la estrategia de la oposición?

En un año en el cual hasta los economistas más acerrimos al gobierno admiten que la economía crecerá, la oposición busca que el gobierno realice el ajuste que ellos mismos quieren realizar si logran ganar las presidenciales en el 2011. Luego de 7 años en los cuales no ha existido ajuste económico alguno, y más allá de la imagen negativa del gobierno en vastos sectores sociales, dificilmente un gobierno podrá ajustar salarios, haberes jubilatorios, gasto público, etcétera, sin producir una resistencia de magnitud imprevisible en la sociedad.

Ante este hecho es capaz de llevar al país a endeudarse a tasas mayores, o a intentar limitar a toda costa que la economía crezca más de lo que ya va a crecer si esas suman se vuelcan en políticas sociales, todo bajo el manto de la defensa de una institucionalidad fingida e hipócrita: La férrea defensa, a través de sendos amparos judiciales en los cuales Proyecto Sur y el Pro podrían unificar querellas para dividir las costas, del principio liberal de la independencia del Banco Central del Poder Ejecutivo.

En el próximo post: La judicialización de la política y una explicación jurídica de lo que está sucediendo.

Así se controla la inflación.

Las milicias populares de Galimba controlando los precios en un Carrefour de Caracas.

viernes, 1 de enero de 2010

Burguesía Nacional, como quiere el General

Es sabido que la Unión Industrial Argentina nunca estuvo Unida, nunca fue Industrialista, y nunca defendió los intereses Argentinos. Tanto es así que conformó junto a la Sociedad Rural Argentina (SRA), los dos grandes bloques corporativos que conspiraron contra el peronismo de la época feliz, causa suficiente para que haya sido intervenida por el Justicialismo hasta el 55. La ausencia de una organización que proteja a los pequeños empresarios, que siendo ampliamente mayoría no se veían representados en la UIA, llevaron a José Ber Gelbard a fundar la Confederación General Económica (CGE) para proteger los intereses de las empresas nacionales favorecidas con el crecimiento del mercado interno, el proteccionismo económico y los altos salarios que elevan el consumo y por lo tanto la productividad (el circuito virtuoso como lo llama la Presidenta).

Como dijo hace más de 2.000 años Marco Tulio Cicerón, la historia parece repetirse. Desde el 2003 en adelante, luego de 28 años de entrega absoluta, el país retomó una política que -con todas las críticas que pueda recibir- es netamente industrialista. Hasta hace no tanto, la U.I.A apoyó dicho proceso cuando la cabeza de la organización estaba conducida por un desarrollista, Juan Carlos Lascurain (nota de color: Fue profesor de Guillermo Moreno en la UADE). Sin embargo, a comienzos de 2009 el sector de Lascurain fue desplazado por el sector más liberal y Héctor Méndez, empresario plástico, asumió la presidencia.

Desde entonces, la UIA ha empezó a criticar progresivamente la intervención del gobierno en materia económica hasta el punto de llegar a participar del acto en el Rosedal convocado por la Mesa de Enlace semanas atrás, ocasión en la cual el presidente de la SRA -el republicano demócrata e institucionalista Hugo Biolcatti- llamara a "descabezar" la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

La UIA y la SRA conforman ahora el bloque del establishment que realiza un fuerte lobby para lograr que a partir del 2011, un gobierno de otro color ajuste salarios, elimine las licencias no automáticas con el fin de liberar importaciones, privatice empresas públicas y en otras palabras, retome el neoliberalismo de la segunda década infame.

No obstante ello, las bases industriales siguen apoyando la política económica del gobierno debido a que entre otras cosas, no son suicidas. En la 15º conferencia realizada por la UIA, los discursos de los ejecutivos chorrearon un claro contenido político opositor, por lo cual varios representantes de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) decidieron retirarse a modo de protesta.

En este orden de ideas, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CEGERA) que representa a las pequeñas y medianas empresas responsables del 75% de los nuevos puestos de trabajo creados desde el 2002 -en su acto de cierre realizado el 16 de diciembre del 2009- destacó la voluntad política del Gobierno de "defender la industria, el comercio y el trabajo", y criticó a quienes "no tienen memoria y añoran que el pasado vuelva".

La Parte Inerte del Arte se pregunta si teniendo en frente a la SRA, la UIA, los estudiantes universitarios, las clases medias metropolitanas, los medios masivos de comunicación y el Episcopado Argentino, el kirchnerismo no debiera tender a transformarse en la tercera tiranía de cara al bicentenario.

Por el bien de nuestro país, esperemos así sea.

Feliz año nuevo.